La
incompatibilidad de los cargos públicos no tiene nada que ver con la del
funcionariado. Es algo que no se puede explicar, algo inaudito y hasta
vergonzoso. Y eso es extensible a la moralidad y honorabilidad de sus señorías,
que en la mayoría de las ocasiones justifican sus actuaciones con hechos tan
inauditos como extraordinarios. Hace unos días asistíamos, deshechos en el asombro
más sobrecogedor, a los gritos que proferían los indignados trabajadores de
Mercasevilla, a los concejales del Partido Popular, que salían del edificio
consistorial, deseando la muerte de los hijos de capitulares que rigen, con
mayor o menor fortuna, no lo vamos a discutir ahora, los designios municipales.
Desear la muerte ya es triste, una derivación emocional ante la impotencia o la
desconsideración. Pero deseársela a los hijos es la manifestación más indigna
con la atacar. Lo lamentable es que el hecho se produjo en presencia de la
representación municipal de Izquierda Unida y no hicieron nada para detener o
reprender esta inaceptable manifestación del más acérrimo odio.
Ahora salen a la
luz acontecimientos que contradicen las manifestaciones y las proclamas
populista que viene realizando el partido de la izquierda más retrógrada y
anquilosada. Se han convertido una especie de adalid, venidos a menos, en la
lucha contra los bancos, contra los desahucios y contra las injusticias que
cometen con indefensos clientes. Especialmente favorecen las actuaciones para
evitar los desahucios, con los que proceden las entidades financieras, contra
quienes no pueden hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios y que
se han visto sorprendidos por los efectos de la crisis, aquellos cantos de
sirenas que nos hicieron creer en la benevolencia de estos nuevos prestamistas
y usureros. Pero la sorpresa viene dada por la noticia que aparece en los
medios de comunicación, haciendo mención a la compra de una segunda vivienda
por quien fuera coordinador de Izquierda Unida en Andalucía y presidente del
parlamento andaluz, Diego Valderas, líder y principal autor de las intervenciones
contra los bancos e instigador de la Ley andaluza para la paralización de los
desahucios, en nuestra comunidad autónoma. Una transacción económica que no
tendría ninguna trascendencia pues cualquier ciudadano está en su derecho y
siempre que sus posibilidades se lo permitan, de adquirir una segunda vivienda
como se referencia en este caso.
Sin
embargo, el vicepresidente de la Junta, que entonces era presidente del Parlamento
tras quince años como alcalde de Bollullos, no adquirió directamente la
vivienda a su propietario, sino que lo hizo tras la correspondiente subasta
judicial en un procedimiento seguido en el Juzgado de Primera Instancia número
uno de Huelva. Las dos primeras pujas quedaron desiertas y a la tercera sólo
concurrió El Monte como demandante, que se la quedó por un valor de cinco
millones de pesetas como pago de la deuda que mantenía el propietario.
Según
las certificaciones del Registro de la Propiedad de Almonte, Diego Valderas y
su esposa se hicieron con aquel inmueble anexo al que ya poseían desde 1991 el
25 de mayo de 1995, un dato que corrobora la certificación del Catastro. Y en
la transacción pagó 31.102,38 euros, cinco millones de pesetas, lo mismo que
había abonado la caja en la citada subasta. Tres millones menos de los que le
pedía su propio vecino, que tuvo que irse con su mujer y sus hijos a vivir a
casa de sus suegros, donde sigue residiendo actualmente, y seguir pagando la
deuda.
Mal
ejemplo es éste, señor Valderas, cuando se intentan encabezar iniciativas para
evitar las injusticias. Mal ejemplo éste de aprovecharse de las desventuras y
miserias de sus vecinos. Para proferir y pedir justicia hay primero que dar
ejemplo y usted no ha hecho lo que predica. Mal ejemplo señor Valderas.
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