¡Por fin se ha hecho justicia! ¡Ya era hora, hombre! El Cuco ya está en la calle. Tanto tiempo esta criatura en un centro de internamiento. ¡Pero dónde los derechos para este muchacho! En el país de la libertad no podía consentirse que el presunto violador, asesino, compinche, y colaborador en hacer desaparecer el cuerpo de Marta del Castillo, del que todavía no se tiene constancia de su paradero, pasase un minuto más recluido en el "hotel" –un piso tutelado que le ha permitido quebrantar las órdenes de alejamiento cada vez que le ha venido en gana- que le habían dispuesto para que purgase sus “penas”. Mientras la familia de Marta ve cómo se pudren sus vidas en las tinieblas de una celda de amargor y pena que le han dispuesto quienes tienen el poder para hacer y deshacer en la ¿justicia?
¿Hasta cuándo tendremos que vivir en este esperpento jurídico? La víctima ha perdido todos sus derechos respecto a sus asesinos y cómplices, a los que se beneficia con gracias penitenciarias mientras se jactan de burlar y esquivar la ley.
Hace dos años y medio que esta niña no puede salir a pasear con sus amigas, a flirtear con los jóvenes que le atraían, a disponer un itinerario cada día de la semana santa para emocionarse con la contemplación de un paso de misterio, a vestirse de gitana y bailar unas sevillanas en la caseta de feria de la empresa donde su familia trabaja.
Hace dos años y medio que se cegó la ventana por la que la madre se asomaba cada tarde cuando se demoraba en llegar, donde suspiraba cuando aparecía o sonaba el telefonillo, la misma por la que la desesperación se hizo clamor porque su estilada figura no se perfilaba en la lontananza y los más negros presentimientos empezaron a prenderse en el alma. Una madre reconoce y pone nombre a las ausencias cuando se prolongan sin motivos. Hace dos años y medios que unos padres anegaron su espíritu de la mayor de las tristezas, porque no pudieron oír una despedida, ni la risa que le antecedía al tomar la puerta, porque supieron que aquel beso, que se posó en sus mejillas, era último que sentirían, que sin saberlo no apreciaron porque esperaban recibir algunos miles más, que la mirada que cruzaron era el admonimiento de la desgracia.
Hace dos años y medio que la vida es pesadilla para una familia porque uno de sus miembros sucumbió a los bajos instintos de unos individuos que actuaron con premeditación y alevosía, sesgando la juventud, atajando de raíz la alegría, apagando la vida que a borbotones salía de sus ojos.
Ayer volvieron a condenar a la familia de Marta del Castillo, volvieron a ignorar que la justicia debiera aplicarse a quienes comenten el delito, que hay un cuerpo que no aparece y no puede gozar de los privilegios ni les emociones que les fueron concedidas ayer a uno de sus verdugos.
Esta aplicación arbitraria de la justicia, en la que se ignora a las víctimas, en la que se vilipendia la dignidad de los que sufren, es la más clara constatación de una urgente reforma del código penal para que nadie ose burlar la justicia con atenuantes inverosímiles y puedan aplicárseles, con toda su contundencia, las leyes condenatorias y su cumplimiento estricto, sin ningún tipo de beneficios penitenciarios. ¿Piensan, quienes elaboran las leyes, en sí las víctimas gozaron de alguna oportunidad, sí sus verdugos consideraron atenuantes en las miradas suplicantes, tal vez oscurecidas por el terror, de la víctima? ¿Consideraron la indefensión de ésta, un motivo para perdonarle la vida?
Apliquemos pues la justicia, con todo su rigor, a los que jactan públicamente de burlarla, a los que saben que asesinar no tiene mayor pena que una condena que redimirán en pocos años. ¿Es ése el precio de una vida? ¿Es un individuo con dieciséis años responsables de sus actos, tiene conciencia sobre sus actuaciones, distingue entre los conceptos del bien y del mal? Si es así, saquemos conclusiones.
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